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La FCA abrió el 23 de octubre de 2026 una consulta sobre cambios a su Financial Crime Guide, que incluye orientaciones para empresas de criptoactivos antes del inicio del régimen de autorización, previsto para el 25 de octubre de 2027. Las propuestas explican cómo espera el regulador que las empresas apliquen los controles existentes; la FCA afirma que no crean nuevos requisitos contra el blanqueo de capitales.
La vigilancia debe responder al riesgo identificado
Para las empresas que vigilan depósitos, el borrador destaca que deben poder justificar tanto una alerta como el alcance del rastreo de una transacción. Un número preestablecido de transferencias no debería poner fin a una investigación si los hallazgos de la empresa justifican comprobaciones adicionales. La FCA no prescribe un alcance de rastreo estándar.
La misma expectativa se aplica cuando un proveedor externo ofrece servicios de vigilancia o puntuaciones de riesgo. Las empresas deberían comprender la base de una puntuación, poder explicar las conclusiones del proveedor, adaptar las herramientas a su propia exposición y conservar registros de las decisiones. Las alertas también deberían evaluarse teniendo en cuenta la información que la empresa ya tiene sobre el cliente.
Si la actividad apunta a un cambio significativo en el perfil de un cliente, el borrador espera que las empresas actualicen los registros de diligencia debida y reconsideren el riesgo del cliente. Advierte que no se debe dejar esa señal como una alerta sin revisar también el expediente del cliente.
Las transferencias pueden dar lugar a controles reforzados
El borrador identifica las transferencias que implican monederos no custodiados, criptomonedas de privacidad o mezcladores como casos que pueden requerir diligencia debida reforzada, y aclara que estas características por sí solas no prueban una conducta indebida. Las empresas deberían tener en cuenta los servicios que ha utilizado el cliente, los lugares donde opera y si está regulado. La FCA señala que un vínculo en blockchain con actividades delictivas o sujetas a sanciones es uno de los casos que requiere controles reforzados.
La guía también aborda los datos incompletos del ordenante o del beneficiario. En virtud de la Travel Rule vigente, una empresa debería solicitar la información que falta a su contraparte y decidir cómo proceder en función del riesgo si no la recibe.
La falta reiterada de los datos exigidos debe comunicarse a la FCA. Finance Magnates también informó sobre el tratamiento que da el borrador a las decisiones de vigilancia.
Se pueden enviar comentarios sobre las propuestas hasta el 24 de diciembre de 2026. La FCA revisará las respuestas antes de publicar la guía definitiva.
La cuestión de la integración
Para los equipos de tecnología y operaciones, la prueba práctica es si una alerta de vigilancia puede vincularse con las pruebas y los registros de clientes que explican la decisión. ¿Pueden los empleados ver por qué se detuvo un rastreo, en qué se basó la puntuación de un proveedor y si los hallazgos posteriores modificaron la diligencia debida o la evaluación de riesgos del cliente?
Las empresas también deberían comprobar cómo se registran los datos que faltan de la Travel Rule, cómo se solicitan a las contrapartes y cómo se tienen en cuenta en una decisión basada en el riesgo. El borrador no establece un único umbral de rastreo, por lo que los operadores tendrán que definir cómo registran sus sistemas las razones para ampliar o poner fin a un rastreo.
